En un nuevo avance de la represión religiosa en Nicaragua, las autoridades del gobierno de Daniel Ortega han prohibido a los sacerdotes católicos ingresar a hospitales públicos para ofrecer la Unción de los Enfermos, un sacramento crucial para los católicos en situaciones de enfermedad grave o antes de la muerte. Esta medida, que impide el acceso al sacramento a quienes lo solicitan en sus últimos momentos, ha sido considerada por analistas y líderes religiosos como una violación de los derechos fundamentales de libertad religiosa y atención espiritual.
De acuerdo con Martha Patricia Molina, autora del informe Nicaragua: ¿Una Iglesia Perseguida? , la prohibición afecta a todas las regiones del país, ya los sacerdotes se les niega la entrada en los hospitales con instrucciones claras de prohibición. Molina señaló que este acto se suma a un patrón de hostigamiento hacia la Iglesia católica, que incluye la vigilancia constante y el acoso contra sacerdotes y otras figuras religiosas. Según su informe, el acoso ha empujado a 67 clérigos al exilio, incluidos obispos y seminaristas, quienes enfrentan intimidación y, en algunos casos, amenazas de encarcelamiento.
La diócesis de Siuna, dirigida por el obispo Isidoro del Carmen Mora Ortega, ha sido una de las afectadas, y recientemente uno de sus sacerdotes abandonó el país después de recibir amenazas directas. El exilio de clérigos y religiosos en Nicaragua refleja la creciente hostilidad del régimen hacia la Iglesia católica, que ha denunciado las condiciones represivas bajo las políticas de Ortega. La Unción de los Enfermos, conocida tradicionalmente como “Extremaunción”, es una práctica que implica la unción de la frente y las manos del enfermo, acompañada de oraciones, y es considerada esencial para la paz espiritual de los fieles en su “transición a la casa del Padre.”
Esta escalada en la represión religiosa ha generado una fuerte reacción en la comunidad internacional, que expresa preocupación por la trayectoria de los derechos religiosos en el país centroamericano. La restricción de un sacramento tan fundamental ha puesto en alerta a organizaciones defensoras de derechos humanos y religiosos, quienes advierten que el gobierno de Ortega está limitando gravemente las libertades de culto y expresión religiosa en Nicaragua.
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